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La represión lamina la última disidencia en Egipto


El activista egipcio de los derechos humanos Patrick Zaki, de 27 años, tenía que haber comparecido el sábado ante un juez para responder del cargo de “difundir noticias falsas”, por el que los servicios de seguridad le arrestaron a su llegada al aeropuerto de El Cairo el pasado día 7. Investigador de la ONG Iniciativa Egipcia para los Derechos Civiles, Zaki era una de las últimas voces de la disidencia a las que el Gobierno del presidente Abdelfatá al Sisi todavía toleraba mantener contactos con la prensa extranjera o viajar al exterior para formarse.
De hecho, fue arrestado cuando regresaba de vacaciones desde Italia, donde cursaba estudios de posgrado sobre género en la Universidad de Bolonia. Cuando su organización denunció que había sufrido tortura bajo detención, los siete campus europeos que participan en su máster, entre ellos el de Granada, vivieron marchas de protesta para reclamar su liberación. La Fiscalía acaba de prorrogar dos semanas la detención de Zaki. Otros de los activistas que aún aireaban en público sus críticas, simplemente han abandonado Egipto.
A la llegada al poder del entonces mariscal Al Sisi, en el golpe de Estado que derrocó en 2013 al islamista Mohamed Morsi, primer presidente civil elegido en Egipto, se produjeron más de 40.000 detenciones. Después de ser ratificado en las urnas en 2014 y 2018, el mandatario exmilitar ha dirigido con mano de hierro el destino de un país surgido del sobresalto de la revolución de la plaza de Tahir (2011) a través de sucesivas crisis.
“Al Sisi se ha asentado en el poder”, reconocen fuentes diplomáticas europeas en El Cairo, “pero no es previsible que abra la mano sobre la seguridad”. El pasado abril, el Parlamento aprobó una reforma constitucional que amplía de cuatro a seis años el mandato presidencial, y que puede permitir a Al Sisi permanecer en el poder hasta 2030.
Amnistía Internacional (AI) resalta en su último informe sobre Oriente Próximo las detenciones a gran escala que siguieron a las inusuales expresiones de protesta callejera registradas en el país del Nilo en septiembre del año pasado, con más de 4.000 arrestos.
Centenares de jóvenes se concentraron en El Cairo, Alejandría y otras ciudades del país, en una acción sin precedentes desde 2016, al grito de “¡Sisi, lárgate!”. No se habían escuchado consignas semejantes en la plaza cairota de Tahrir desde la revuelta que derrocó al dictador Hosni Mubarak después de haber permanecido tres décadas en el poder.
La protesta había sido convocada a través de las redes sociales por el empresario egipcio Mohamed Alí, autoexiliado en España. Este excontratista de las Fuerzas Armadas difundió vídeos virales en Facebook en los que acusaba a Al Sisi de encabezar una trama de corrupción en el Ejército. Alí, que declaró a EL PAÍS poco después que “toda la oposición fuera de Egipto” se había unido en torno a él, parece haberse retirado ya de la actividad política, según informó el mes pasado la cadena de televisión Al Jazeera.
Las manifestaciones están estrictamente prohibidas en Egipto desde el golpe de 2013. Cada tres meses, las autoridades prorrogan el estado de excepción para sortear el límite constitucional establecido en seis meses. Todas las marchas y concentraciones han sido reprimidas con dureza. Las desencadenadas por las incursiones en las redes sociales del antiguo contratista militar no fueron una excepción, de acuerdo con Amnistía Internacional. “La Fiscalía Suprema de Seguridad de Estado ordenó miles de detenciones con vagos cargos de implicación terrorista como única acusación”, subraya el informe de 2019 de la ONG.
“Las autoridades recurrieron a un uso excesivo de la fuerza ante las protestas registradas el pasado septiembre, y bloquearon calles y estaciones de metro en el centro de El Cairo”, prosigue el estudio, “en la mayor ola de arrestos masivos desde la llegada al poder del presidente Al Sisi”.
La expansión de la jurisdicción de los tribunales militares sobre los civiles y las nuevas restricciones impuestas a las ONG humanitarias completan, según AI, el marco de deterioro de los derechos humanos. Una de ellas, la denominada Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades elevó a más de 700 la cifra de “desaparecidos forzosos” durante el año pasado.
La represión de la disidencia se ha extendido además a Internet y a las redes sociales. El Gobierno egipcio bloquea, por ejemplo la web informativa mundial de la BBC, junto a otros más de 500 sitios y páginas. Con la generalización de los teléfonos inteligentes en Egipto, también los ciudadanos, en particular los más jóvenes, son objeto de censura digital.
“Durante las protestas de septiembre, la policía detuvo aleatoriamente a muchas personas en El Cairo y Alejandría y les ordenó que entregaran sus móviles para revisar el contenido de sus cuentas en las redes sociales”, detalla el informe de Amnistía Internacional. “En varios casos se produjeron arrestos”.