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El Consejo de Ministros se debate entre quienes creen que la crisis no es para tanto y varios ministros alarmados por el desplome global de la demanda


La Gran Recesión es uno de los mayores gatos por liebre de la historia. En 2008 el problema no era el déficit público, sino la fragilidad de un sistema financiero sobreendeudado que dependía de la financiación a corto plazo y que estaba estallando en pedazos. La noche del 10 de mayo de 2010 un puñado de líderes, capitaneados por Angela Merkel en Europa, decidieron que el problema eran las cuentas públicas (algo que solo era cierto para Grecia) y causaron, con las políticas equivocadas, perjuicios sociales y económicos que alargaron la crisis más de la cuenta y la hicieron innecesariamente más profunda.
España fue uno de los grandes perdedores del empacho de ideología que abocó a los Ejecutivos europeos a una austeridad excesiva. Estamos ante otro 10 de mayo. Esta vez no hay debate, o no debería haberlo: hasta los más liberales son conscientes de que viene un desplome del PIB en el segundo trimestre, y de que hay que estimular de inmediato la economía para limitar los daños. En Estados Unidos se calcula que la caída de la economía se irá hasta el 5% el próximo trimestre. En Europa, el consenso está probablemente equivocado y limita la destrucción del PIB al 1%. El objetivo del Gobierno español debe ser evitar lo que los economistas llaman histéresis: para entender ese término solo hay que pasar por un supermercado de Madrid y ver las baldas del papel higiénico. Hay que evitar esos fenómenos tanto en el sector empresarial como en el mercado de trabajo: de momento los empresarios apenas han despedido, pero sin medidas inmediatas y tajantes el lunes habrá miles de despidos en España. A pesar de que la situación está muy clara, desde hace unos días hay un debate interno en el Consejo de Ministros, entre los titulares de las carteras económicas –encabezados por Nadia Calviño—, partidarios de tomárselo con calma, y otra facción que defiende la necesidad de actuar rápido y actuar ya, que encabezan el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro José Luis Ábalos. “Yo no quiero hacer un plan E [el estímulo aplicado por Zapatero en 2008]”, resumía uno de los ministros hace unos días ante las presiones para aprobar estímulos. Quizá no haya que hacer un plan E, pero sí hay que aplicar incentivos económicos a toda velocidad. En tres direcciones. Una: garantías ilimitadas (como han hecho Alemania o Japón) y préstamos sin interés para evitar que las pymes se queden estranguladas por la falta de liquidez. Dos: facilidades para que los empresarios apliquen expedientes temporales de reducción de empleo, de manera que no despidan a los trabajadores sino que solo los envíen transitoriamente a casa. Y tres: un paquete de inversiones públicas para limitar el destrozo y que la salida de la crisis no sea en forma de L, sino en forma de V.
Es muy lícita la discusión dentro del Consejo de Ministros. Porque España tiene una posición de partida muy mala para encarar esta crisis: una deuda pública del 100% del PIB, un paro del 14% y un déficit del 2,5%, que se va a disparar inmediatamente por la caída de ingresos y la necesidad de gastar para apoyar la demanda. Cuando baje la marea se verá quién estaba nadando en cueros: un día de estos los mercados volverán a mirar las primas de riesgo y España sufrirá. Pero esto no es un “no es para tanto”: hay una caída global de la demanda que exige actuar de inmediato. Puede que todo sea parte del pánico, pero las consecuencias de ese pánico son ya muy reales, y más que van a serlo. Un tecnócrata se preocupará por la situación fiscal de dentro de un año. Pero un líder debería darse cuenta de que el momento de actuar es ahora. Ya. Rápido. Háganlo.