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La división en el Gobierno retrasó cuatro días el decreto del estado de alarma


El segundo estado de alarma de la democracia tuvo un largo proceso de digestión y no sólo por las siete horas que duró el Consejo de Ministros del pasado sábado 14, sino por los cuatro días anteriores en los que el Gobierno se dividió entre los que veían claro que había que ir al confinamiento ciudadano para evitar la situación de Italia y los que creía que era un exceso que España podía seguir evitando.
Y este debate se abrió en el Consejo de Ministros ordinario del martes 10, cuando las cifras de la escalada del coronavirus en regiones como Madrid ya eran indisimulables y Moncloa no tuvo más remedio que encender las luces de alarma. Ahí surgieron dos lados de la trinchera frente a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no tomó partido en ese momento por ninguno de los dos sectores, según ha podido saber El Independiente.
De un lado estaban los ministros partidarios de decretar el estado de alarma con lo que ello suponía de limitación del derecho fundamental de libre tránsito. En definitiva, nada que no hubiera hecho antes China, pero, sobre todo, un país mucho más cercano, Italia, cuyos datos eran muy preocupantes. Y los que defendían esta posición no eran ministros nada menores. Estaban los titulares de Defensa y de Transportes, Margarita Robles y José Luis Ábalos, respectivamente, además de la de Industria, Reyes Maroto. Eso por el lado del PSOE, así como el independiente José Luis Escrivá, de Seguridad Social.
Por el lado de Unidas Podemos, los cinco miembros del Ejecutivo, con Pablo Iglesias al frente, apostaron también por el estado de alarma, esto es, Irene Montero, de Igualdad; Yolanda Díaz, de Trabajo; Alberto Garzón, de Consumo, y el desaparecido ministro de Universidades, Manuel Castells, que parece que poco o nada tiene que decir ante una crisis que tiene a miles de estudiantes universitarios temerosos de haber pedido el curso y sin saber qué pasará con sus becas, las que los tengan.
El resto de los ministros del Consejo consideraron que era prematuro plantear una medida tan drástica. Desde los que temían la repercusión económica de la misma como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, o la de Hacienda, María Jesús Montero, a los que todavía pensaban que se podía embridar el contagio parcheando. Por ejemplo, ese día se tomaron en el Consejo medidas de calado como la prohibición de vuelos directos entre Italia y España o la consideración de baja laboral por accidente de trabajo para aquellas personas en aislamiento preventivo o contagiadas por Covid-19, pero nada más para evitar la expansión de la pandemia. 
Por ejemplo, en aquel momento, sólo la Comunidad de Madrid y algunas localidades muy concretas del País Vasco habían decretado el cierre de los centros educativos. El Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso, celebró el 9 de marzo un Consejo de Gobierno Extraordinario en el que además además del cierre de los colegios recomendó evitar los viajes que no fueran estrictamente imprescindibles así como el confinamiento en su hogar de las personas mayores o con enfermedades crónicas. Para entonces, ya se había instalado en Madrid el miedo al colapso del sistema sanitario.

El día 9 Illa llamaba a «reducir las reuniones personales»

Bien es cierto que ese mismo día, el titular de Sanidad, Salvador Illa, cambió el escenario de «contención» a «contención reforzada», en el que, además del cierre de colegios en esos territorios, aconsejaba «siempre que sea posible, se adopten medidas de teletrabajo, flexibilidad de turnos laborales para evitar la concentración de personas en los centros de trabajo, así como la reducción de reuniones personales».
Sánchez escuchó a unos y a otros «y tres días más tarde, todo el mundo estaba de acuerdo en que había que decretar el estado de alarma», narran fuentes gubernamentales. Efectivamente. El viernes 13 el jefe de Ejecutivo se dirige a sus «estimados compatriotas» desde la sala de prensa de Moncloa, para comunicar que al día siguiente tendrá lugar un Consejo de Ministros extraordinario que decretaría el confinamiento, no total, de los ciudadanos. Hubo otra corrección por el camino, porque si bien las medidas aprobadas ese sábado iban a implementarse a partir del lunes 16, se las hizo coincidir con la publicación en el BOE del decreto por entender que debían ser de aplicación inmediata.
En definitiva, fueron cuatro días perdidos en los que la curva de contagiados, ingresados en las UCIS y fallecidos no dejó de crecer, aún muy lejos del pico de estos días aunque los datos de ayer dieron un respiro a Comunidades como Madrid.

Este viernes volverá a celebrarse un consejo de ministros extraordinario una vez que el Gobierno ha recibido el plácet del Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma otros quince días, hasta la madrugada del domingo 12 de abril. Sánchez consiguió el apoyo de 312 diputados frente a 28 abstenciones, entre ellas, las de ERC que pide medidas de confinamiento total. Además se aprobó este miércoles en el pleno una resolución del PNV por la que el Gobierno dará cuenta semanalmente de la ejecución de las medidas y valoración de su eficacia, que propuso el propio Sánchez en su intervención parlamentaria.