Europa

Noticias por hora

Miles de afectados crean una plataforma para litigar en la causa abierta por el 8-M


Cerca de 10.000 personas se han agrupado bajo el paraguas de la plataforma Afectados por la Gestión del Coronavirus (AGP) para litigar por la vía judicial contra el Ejecutivo. El colectivo va a pedir su personación como acusación particular en la causa abierta por el juzgado de instrucción número 51 de Madrid contra el delegado del Gobierno en esta comunidad, José Manuel Franco. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel abrió diligencias de investigación el pasado mes de marzo para indagar si se cometió delito desde la Delegación del Gobierno al autorizar la manifestación por el Día Internacional de la Mujer el 8-M.
El abogado que denunció estos hechos, Víctor Valladares, decidió dar impulso a esta plataforma después de que el juzgado de Madrid admitiera a trámite su denuncia por presunto delito de prevaricación. La instructora consideró además que los hechos podrían ser constitutivos de lesiones por imprudencia profesional, motivo por el cual incoó diligencias ofreciéndole la posibilidad de personarse en el procedimiento. Según ha podido saber este diario, el letrado propuso el nacimiento de la plataforma tras recibir numerosas llamadas de afectados que querían litigar en esta causa.
La asociación, que nace sin ánimo de lucro, ha reunido en apenas unas semanas a un total de 9.713 personas, según las fuentes consultadas, que explican que se fundamentan en el artículo 281.3 de la LECrim, el cual reconoce la reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas. Aunque el primer paso consiste en personarse como acusación particular en el procedimiento, también buscan actuar en la denuncia interpuesta por estos mismos hechos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La misma se presentó en el Tribunal Supremo un día después de que el juzgado de Madrid abriera investigación contra Franco. No obstante, la Sala de lo Penal del alto tribunal no se pronunciará sobre la misma hasta que se levante el estado de alarma y se reanude la actividad judicial, que se mantiene únicamente para los servicios esenciales.
Lo mismo ocurre en la causa del juzgado 51, tal y como advirtió la magistrada en su auto del pasado 25 de marzo. De este modo, la batería de diligencias acordadas por la juez -que también instruyó el 'caso máster'- se practicará toda vez el CGPJ dé luz verde para retomar la actividad judicial. Sea como fuere y ante los correos recibidos, el letrado envió una comunicación a las personas interesadas en participar en la plataforma, en la que les emplazó a agruparse para litigar de manera conjunta. Según el escrito, al que ha tenido acceso este diario, el objeto social de la plataforma pasa también por adherirse a las actuaciones que formulen contra todos los delegados del Gobierno del país.
En su denuncia inicial del pasado 19 de marzo, que el abogado interpuso a título particular ante el juzgado de guardia de Madrid, pedía actuar contra todos ellos por no prohibir actos multitudinarios pese a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, la magistrada le emplazó a hacerlo en los respectivos órganos territoriales en el caso de los delegados y en el Supremo en lo que respecta al presidente del Gobierno por su condición de aforado. Es por ello que en la comunicación remitida a los interesados en organizarse en la plataforma explica que el objeto social de la misma es la "adhesión a las denuncias presentadas y las que se van a presentar contra los correspondientes Delegados del Gobierno".
En la carta detalla que se personan como acusación particular y no popular porque en este segundo caso se hace necesario el pago de una fianza. Igualmente asegura que estarían legitimados a acusar en estas diligencias a nivel particular en calidad de damnificados por las decisiones del Gobierno, puesto que los integrantes están infectados con coronavirus o bien son familiares víctimas de esta enfermedad. "La personación sería en condición de acusación particular al existir perjudicados directos derivados del presunto delito de lesiones imprudentes", reza la comunicación.
La magistrada Rodríguez-Medel ordenó una batería de diligencias a la Policía Judicial y al médico forense adscrito a su juzgado. En concreto, solicitó a Guardia Civil un atestado para dar cuenta de qué autoridades fueron las receptores de los informes europeos sobre las advertencias del Covi-19 y que indague si las autoridades sanitarias españolas recomendaron a la Delegación alguna norma de actuación en relación con las marchas que no se prohibieron. También quiere saber si las se suministraron medidas de prevención a los participantes de las marchas mientras que al forense le encargó averiguar si todos estos actos "fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida y la integridad física de las personas" que participaron en ellos.