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La Comunidad de Madrid envió al menos cuatro correos para excluir de hospitales a ancianos de residencias


Comunicaciones internas de la Comunidad de Madrid muestran que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han dado explicaciones incorrectas sobre los protocolos de derivación a hospitales desde las residencias. Ayuso y Escudero han dicho que su Gobierno no dio orden de excluir a personas con discapacidad o dependientes y que un documento que llegó a las residencias era un borrador que se envió por error. Pero en varios correos vistos por EL PAÍS, un alto cargo de la consejería de Sanidad solicitó que se enviaran esos protocolos firmados por él a las 475 residencias de Madrid.
Carlos Mur de Víu, director de coordinación sociosanitaria, envió al menos cuatro correos a la consejería de Políticas Sociales pidiendo dar traslado de los protocolos de triaje, el 18, 20, 24 y 25 de marzo. Esos documentos, todos firmados digitalmente por él, fueron la guía que siguieron hospitales y residencias para descartar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con covid-19. Como explican los documentos, el fin era evitar el colapso de la Sanidad madrileña. Pero según los hijos y nietos de residentes a quienes fue denegada una hospitalización, la Comunidad de Madrid sacrificó las vidas de sus familiares para lograr ese fin.
Alrededor de mediados de abril, cuando la presión en los hospitales disminuyó, los mayores de residencias volvieron a ser admitidos de modo generalizado. Desde el 8 de marzo hasta el viernes habían muerto en residencias 5.986 enfermos con covid-19 o síntomas, según el conteo más reciente de la Consejería de Políticas Sociales. Un 88% de esas muertes se produjo hasta el 17 de abril, durante el periodo en que los hospitales negaron ingresos de residencias.
Mur de Víu envió estos correos a la Consejería de Políticas Sociales, competente para regular y supervisar las residencias, así como a otros altos cargos de su consejería. El objetivo de sus correos, como explica en dos vistos por este periódico, es “racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos”.
“En espera de la dotación adecuada de profesionales y EPIs (equipos de protección individual) en residencias, debemos ayudarles en el suministro y en los traslados racionales desde los hospitales”, dice en un correo del 20 de marzo. El protocolo que Mur de Víu firmó el día 20 de marzo contiene cinco criterios de exclusión para pacientes con infecciones respiratorias que vivan en cualquier residencia sociosanitaria de Madrid, incluidas las de personas con discapacidad. Quedaron excluidos los pacientes que se encontraran anteriormente en estado terminal y los dependientes de acuerdo al índice de Barthel, una escala que mide la autonomía de las personas del 0 al 100.
Tras fuertes críticas y debate interno, la Consejería de Sanidad rectificó su exclusión de las personas con discapacidad de cualquier edad, que ya no aparece en las últimas dos versiones del protocolo. También fue rebajado el nivel de autonomía del paciente en el índice de Barthel, de 60 a 25.
En ese correo del 20 y otro del 24 de marzo, Mur de Víu ruega a sus compañeros de la consejería de Políticas Sociales que remitan los documentos a las residencias de Madrid. En ambos advierte sobre la continua evolución de los criterios. “Dichas recomendaciones van siendo forzosamente actualizadas según la evolución de la pandemia y de los recursos disponibles”, expone.
La Comunidad anunció el 13 de mayo la destitución de Mur de Víu, poco después de la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, por la disputa interna sobre si Madrid debía pasar de fase durante la desescalada. El puesto de Mur de Víu lo ocupa Javier Martínez, uno de los 22 geriatras que elaboraron los documentos. Martínez tuvo la decisión de los traslados al Hospital Rey Juan Carlos, en Móstoles desde más de 40 residencias de esa zona.
Mur de Víu no ha respondido a varios intentos de comunicación por parte de este periódico y Martínez declinó hacer declaraciones.
Ayuso y Escudero han hecho una defensa contradictoria de los protocolos, negando primero que existiera ninguna orden y luego cambiando de versión para decir que se envió por error uno de los documentos. Alegan que cada decisión de traslado se adoptó “de acuerdo a criterios clínicos”. Escudero dijo este sábado que el documento final no excluyó a dependientes, lo cual no es cierto.
La Comunidad ha apuntado que durante toda la pandemia 10.300 residentes han sido trasladados a hospitales, añadiendo que el pico de traslados se produjo el 6 de abril, con 206 derivaciones. Pero según múltiples testimonios de familiares de fallecidos en residencias, las negativas fueron casi generalizadas en el período más crítico de la pandemia, entre mitad de marzo y mitad de abril. Algunos familiares e incluso una directiva de una cadena de residencias han asegurado que se llegó a descartar únicamente con base en la edad avanzada de los enfermos.
En defensa de los protocolos salió este domingo la Sociedad Española de Geriatría. Su presidente, José Augusto García Navarro, dijo en un comunicado que el único culpable de las muertes en residencias es el coronavirus.
Como reveló este periódico el viernes, el consejero de Políticas Sociales advirtió a Escudero en dos correos del 22 de marzo que los protocolos podrían suponer la muerte indigna de residentes y que podrían acarrear “graves consecuencias legales”.