La consejera de Salud de Cataluña, Alba Vergès, esquiva a los trabajadores de la sanidad de esta comunidad. Tras los sucesivos escándalos de su consejería —desde la concesión de contratos multimillonarios a dedo, hasta las extrañas compras acometidas desde la empresa pública Sistema de Emergencias Médicas—, la plataforma Sanitarios en Lucha, con representación en los principales hospitales y organismos de la Administración, ha pedido una reunión con Vergès.
"Le hemos entregado una carta en la que adjuntábamos el manifiesto que hemos aprobado y le solicitábamos una reunión para hacerle llegar nuestra preocupación y nuestras propuestas. La respuesta ha sido que debido a su agenda tan llena, no puede atendernos. Intentaron reconducirnos hacia algún cargo intermedio, pero nosotros queremos hablar con la consejera. Nos hemos dejado la piel en estos meses y gracias a nosotros se ha podido dar una respuesta digna a la pandemia, aunque esta ha servido para manifestar las carencias del sistema sanitario", explica a El Confidencial Xavier Tarragón, portavoz de la plataforma en el hospital del Mar de Barcelona.
Ante la negativa de la consejera de hablar con los trabajadores, diferentes plataformas y colectivos están manteniendo reuniones para realizar alguna acción de protesta en el mes de julio, con la vista puesta en una huelga general para septiembre, una vez haya pasado la crisis de la pandemia. "Una huelga en nuestro sector es un tema delicado, porque tenemos muchas limitaciones: los servicios mínimos de plantas hospitalarias suelen ser iguales o superiores a la plantilla laboral. Solo en las consultas externas se nota un paro del sector", añade el representante del mayor hospital barcelonés.
Asegura también que los trabajadores de la sanidad están "muy quemados" y que "lo que necesitamos es no precipitarnos, sino hacer pedagogía. De ahí que midamos mucho nuestras acciones y maduremos la huelga con tranquilidad".
El manifiesto desmenuza algunas críticas al sistema sanitario catalán y pide más fondos para la sanidad pública. "Entendemos que después de vivir lo que hemos vivido, ha quedado demostrado que nuestro sistema sanitario necesita más presupuesto. Y cuando decimos sistema sanitario, queremos decir todo el sistema sanitario, desde el transporte hasta los centros de atención primaria, los hospitales, los centros sociosanitarios, los centros de día, el servicio de atención domiciliaria, los centros geriátricos… todo lo que tiene que ver con el cuidado y la mejora de la calidad de vida", apunta.
Una sanidad pública maltratada
La plataforma considera que "ahora es el momento no solo de recuperar nuestras condiciones económicas y laborales: también queremos defender una sanidad pública, gravemente privatizada, recortada, maltratada, infrafinanciada…". Como aperitivo, los trabajadores reclaman equipos de protección individuales —EPI— en condiciones, test PCR o serologías para todo el personal, recuperar el 5% de las 'mordidas' en los sueldos, la devolución de las pagas extraordinarias que se les debe y que las horas extras no sean a precio de salario. Exigen, por eso, la apertura inmediata de una mesa de negociación con la consejera.
Tarragón señala a este diario que "exigimos mejoras laborales, pero aportamos ideas para mejorar el sistema, que está altamente privatizado. Un grupo de empresas parasitan los servicios de limpieza, transportes y mantenimiento. Un ejemplo lo tenemos en el intento de conceder a dedo un contrato millonario a Ferrovial, pero también están Clece, Sodexo o ISS, por poner algunos ejemplos".
Txus Merino ha sido durante 15 años presidenta de la Asociación Profesional de Enfermeras del Hospital Parc Taulí y su batalla sindical viene de lejos. Ya en tiempos del exconsejero Toni Comín, era la que llevaba la voz cantante en las protestas contra los colapsos de urgencias. Ahora es la portavoz de la Plataforma en ese mismo hospital, el más importante del área metropolitana de Barcelona. "La respuesta de la consejera nos ha dejado muy indignadas —señala Merino a El Confidencial—. Hemos pasado de los aplausos al olvido. Hemos vuelto a los inicios. Nosotras éramos conscientes de que con la pandemia no era el momento de hacer nada y nos dedicamos en cuerpo y alma a atender a los enfermos. Pero ahora, es el momento de poner sobre la mesa el tema. Aquí hay muchos recursos que se van en chanchullos hacia la sanidad privada o hacia operadores privados mientras que a la sanidad pública no llega el dinero".
La sindicalista subraya que el tema desembocará en una huelga general tras el verano "si la Administración no nos escucha". Asegura, asimismo, que las asociaciones sanitarias tienen proyectos redactados sobre cómo configurar un modelo, "basado en experiencias de otros países que funcionan muy bien. Por ejemplo, Canadá. O Cuba que, salvando por las consecuencias del bloqueo, también tiene una buena planificación. Aquí no nos oponemos a que haya sanidad privada. El que quiera, que se la pague. Pero podemos dedicar más recursos a la pública". Y zanja que "nuestra lucha no es porque queremos cobrar más. Lo que pedimos es un cambio de modelo. Dejar los chanchullos y hacer una sanidad pública eficiente y eficaz".
Un momento de la manifestación, convocada por la 'Plataforma Plan Choque Social', para defender la Sanidad Pública. (EFE)© Proporcionado por El Confidencial Un momento de la manifestación, convocada por la 'Plataforma Plan Choque Social', para defender la Sanidad Pública. (EFE)
Informe de la Sindicatura
Esta explosiva situación coincide en el tiempo con un informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), en el que da un toque de atención a dicha gestión. Esta empresa es la que gestiona todos los servicios sanitarios de la provincia de Lleida, desde la atención sanitaria básica a la especializada, pasando por la atención sociosanitaria, salud mental y primaria. GSS gestiona directamente 35 centros, entre ellos el Hospital Arnau de Vilanova —el principal de Lleida—, el Jaume d’Urgell —de Balaguer—, el Comarcal del Pallars —Tremp—, el Hospital Vall d'Aran —Vielha—, la residencia Balàfia —Lleida—, la Fundació Aspros o los servicios médicos de la cárcel de Ponent.
El informe se refiere al ejercicio 2016, pero la vida sigue igual en este campo —las organizaciones sanitarias y sindicales acusan que nada ha cambiado y que sigue habiendo 2.000 empleos y 1.000 camas menos en los hospitales catalanes—, especialmente en el hecho de que las adjudicaciones se suelen hacer recurrentemente a un solo licitador, lo que provoca no solo que se limite la competitividad, sino que también se ha producido un fraccionamiento indebido de contratos, siendo un caso similar al que tiene en el Tribunal Supremo la portavoz de JxCAT, Laura Borràs, en otra consejería.
El informe de la Sindicatura explica que la mayoría de los contratos de servicios formalizados se tramitan como contratos menores. "Atendidos los objetos y las características recurrentes de la prestación de servicios, la contratación de estos servicios tendría que hacerse mediante procedimientos con mayor publicidad y concurrencia y licitados por un periodo de vigencia superior a un año. En algunos de los contratos revisados, las incidencias detectadas suponen un incumplimiento del artículo 86.2 del TRLSCP (la ley del reglamento de contratos públicos) y, en consecuencia, se considera que ha habido un fraccionamiento indebido". La cifra de negocio de ese ejercicio se situó en casi 76 millones de euros, con un resultado positivo de explotación de 46.638 euros. De esta compañía dependen 1.134 trabajadores, cuyo gasto laboral es de 49,4 millones anuales. Las abundantes irregularidades detectadas por la Sindicatura se basan en que los pliegos de las cláusulas administrativas, en la mayoría de los contratos, "no incluían los aspectos económicos y técnicos que habían de ser objeto de negociación [tal y como exige la ley]. En los expedientes de estas contrataciones tampoco hay constancia del proceso de negociación con los licitadores para obtener la mejor oferta".
Irregularidades detectadas
En los contratos de servicios es donde más irregularidades existían, ya que se detectaron adjudicaciones a dedo que se justificaban con base en certificados emitidos por la empresa que se llevaba el contrato, "donde constaba que el adjudicatario disponía de los derechos exclusivos del servicio de mantenimiento de los equipamientos". La ley, no obstante, establece que ese certificado ha de elaborarlo un técnico independiente y no una parte interesada. Los servicios que adolecían de estas irregularidades fueron, eminentemente, los de mantenimiento de medicamentos, mantenimiento de equipamientos de endoscopia, radiología, ecografía y radiología, así como las conexiones a banda ancha de Internet. Ello supondría un monto conjunto de algo más de 351.000 euros.
Un total de 27 de los 35 contratos de servicios de ese ejercicio se tramitaron, además, como contratos menores, pero "todos ellos corresponden a contratación de servicios de carácter recurrente a lo largo de diversos años". Los contratos afectados por esta situación sumaban más de 440.000 euros.
"GSS ha tratado como menores a contratos que, por su objeto y por las características recurrentes de la prestación del servicio, tendrían que haberse tramitado mediante procedimientos con mayor publicidad y concurrencia y licitados por un periodo superior", subraya el informe. En tres adjudicaciones, además, se introducían criterios de ponderación que no estaban previstos en los pliegos, lo que contraviene también la ley.
"La ponderación de los subcriterios de valoración de una propuesta ha de constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares, sin que los órganos de contratación puedan fijar 'a posteriori' coeficientes de ponderación, ni aplicar reglas de ponderación o subcriterios relativos a los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos", añade el texto. Estos contratos sumaban unos 160.500 euros.