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El Congreso tumba la política social del Gobierno y apoya el pacto en sanidad y UE


Los pactos de la reconstrucción, cuya aspiración inicial llegó a ser una reedición de los Pactos de la Moncloa tal y como anunció Pedro Sánchez en el mes de abril durante lo peor de la pandemia, llegaron a su fin este miércoles en el Congreso y sin grandes consensos de los grupos a excepción del documento sanitario. Tras semanas de negociaciones el PP decidió dar su voto afirmativo a este dictamen, lo que le permite al Ejecutivo un gran acuerdo con 256 votos a favor, 88 en contra y 3 abstenciones. Entre las principales demandas de los populares se encontraba la creación de una agencia nacional de salud (que PSOE y Ciudadanos también pactaron) para mejorar la coordinación del Estado y las CCAA en la gestión de los rebrotes, que en estos momentos es una realidad más que preocupante.
También el documento relativo a la Unión Europea contó con una mayoría significativa. Algo que se daba por descontado, sobre todo tras el acuerdo histórico que lograron en el día de ayer los jefes de Estado y gobiernos de la UE tras una cumbre que duró cuatro días. En términos generales supone la creación de un fondo de 750.000 millones para reactivar la económica tras las devastadoras consecuencias que ya está dejando la crisis del coronavirus. España recibirá 140.000 millones, de los que 72.700 serán transferencias y los 67.300 restantes se traducirán en préstamos que habrá que devolver. A pesar de algunos reproches templados, desde la derecha fundamentalmente, todos los grupos coincidieron en que se trata de un buen acuerdo para España y de ahí el apoyo mayoritario al documento de política exterior: 276 votos a favor, 59 en contra y 3 abstenciones.
En cuanto a los otros dos documentos, pilares fundamentales también en la política nacional (economía y política social) los apoyos fueron bastante más exiguos. De hecho, el documento relativo a lo social no salió adelante. El Congreso lo tumbó (175 votos en contra frente a 172 a favor) en lo que supone un golpe evidente para el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que tiene por bandera y principal eje de actuación lo que se denomina como “escudo social”. Ni los socios de investidura por la izquierda se convencieron de lo pactado —considerando además que ha resultado “demasiado complaciente” con la derecha— ni tampoco la oposición de ese ala del arco parlamentario cedió.
Partidos como ERC o EH Bildu ya dejaron claro a lo largo del martes que no podía contar con ellos, reprochando que el documento “no atendía a ninguna de las prioridades de la clase trabajadora” y criticando al Gobierno de la coalición haber dejado fuera demandas esenciales. En el caso de otros partidos —desde Ciudadanos a JxCat, PNV o la diputada de Coalición Canaria— la exclusión de la educación concertada y especial de las ayudas que sí se destinarán a la pública determinó su voto negativo.
Una enmienda negociada a última hora con ERC para tratar de salvar algunos apoyos no fue suficiente para ninguno de ellos. Fuentes del partido naranja dejaron claro que mantendrían su no “porque ni defiende la libertad de elecciones de las familias, ni la equidad, ni las necesidades específicas de atención educativa de los niños”.
El partido de Arrimadas, el único que ha dado el sí a los otros tres documentos del Gobierno, reprocha que los partidos de la coalición “se dejaron llevar en este caso por puro dogmatismo y sectarismo ideológico”, defendiendo el voto particular que emitieron en el que sí se reflejaban las ayudas y el incremento de recursos que no puede atender “a ninguna discriminación”. PSOE y Unidas Podemos se negaron a respaldarlo.
En el caso del documento económico, también salió adelante por los pelos. En total, 169 votos a favor y 168 en contra.