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Gobierno y Junta de Andalucía libran un pulso por las pruebas covid a inmigrantes


La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jaloull, mantiene abierto el diálogo con el Gobierno andaluz a través del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP). Ambos intercambian por teléfono sus posiciones con el coronavirus y los extranjeros en las conversaciones, pero no alcanzan ningún acuerdo y el cruce de reproches sube de voltaje. El motivo de la disputa es el último protocolo aprobado por el Gobierno de la nación el pasado 25 de julio, que cambia de nuevo las condiciones que deben cumplir las comunidades con los inmigrantes que lleguen de forma irregular a España.
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En este último documento, el Gobierno señala que es “urgente” la realización de PCR a las personas que presenten síntomas a la llegada. Eso es lo que decía el anterior protocolo, pero en este último se incluyeron algunas modificaciones. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se señala que “será necesario, además, realizar una prueba diagnóstica para covid-19 a todas las personas asintomáticas que lleguen a España por vía irregular”. “En función del contexto y las posibilidades”, ofrece a las comunidades dos opciones. Que se realicen PCR a todos los que lleguen o que se realicen pruebas PCR “por lotes”, no de forma individual sino aleatoria, en los grupos que lleguen en la misma patera.
Sin negociación
El Gobierno andaluz, con PP y Cs en coalición, asegura que ese protocolo se aprobó sin negociación con las comunidades y defiende que cumple lo obligatorio: PCR para quienes presenten síntomas y a los acompañantes que lleguen en la misma patera, mientras que opta por test rápidos para cualquier persona que entre de forma irregular. Aseguran desde la Junta de Andalucía que es más fiable un test rápido que esa fórmula de pruebas en lote por grupos. Se amparan además en que siguen a rajatabla lo que recomienda el Ministerio de Sanidad. Se guían, explican, “por criterios científicos y epidemiológicos” de Salud y "no por lo que digan desde Migraciones", declararon a El Confidencial fuentes del Gobierno andaluz.
El pulso lleva ya días abierto, incluida la amonestación del defensor del pueblo, que ha solicitado a Andalucía que extienda las PCR a todos los inmigrantes. La Junta no cede y asegura que seguirá el mismo criterio que para cualquier otra persona en Andalucía sin distinciones: PCR reservadas a personas con síntomas y a quienes hayan estado en contacto con un positivo.
Extranjeros sin techo
El asunto no es menor, porque la falta de una prueba fiable ha dejado en la calle a grupos de inmigrantes que no pueden acreditar que están libres de covid y por tanto no son recibidos en el sistema de acogida concertado por el Gobierno, a través de ONG, para estos extranjeros. No hay cifras oficiales de cuántos se han quedado al raso y sin techo. Según datos de Cruz Roja, han atendido a un total de 830 inmigrantes en Andalucía esta temporada de verano, 500 llegados al puerto de Almería. Muchos, admiten las organizaciones que los atienden, directamente rehúsan la acogida porque tienen aquí familiares, conocidos o un destino al que dirigirse. Otros sí que necesitan un techo bajo el que cobijarse y sin PCR negativa en las últimas 72 horas no se les admite, así que solo les queda la calle como alternativa. Además, en ocasiones las PCR no se hacen hasta que llegan a dependencias policiales.
La Junta de Andalucía, son datos oficiales, defiende que ha realizado un total de 1.700 pruebas a inmigrantes que entran de forma irregular por las costas andaluzas, pero no distingue cuántas son PCR, que realiza directamente Salud, y cuáles son test rápidos, que sí pueden efectuar las organizaciones que atienden a los inmigrantes como Cruz Roja.
Bajo índice de PCR
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El Gobierno autonómico no explica por qué se niega a extender las PCR a todos los extranjeros que son atendidos, si se trata de una falta de recursos materiales o humanos o hay algo detrás que no haya trascendido. Según los últimos datos distribuidos por el Ministerio de Sanidad, Andalucía está a la cola en cuanto a PCR por habitantes. Sin embargo, presenta datos buenos en relación con otras comunidades donde los contagios proliferan con mayor rapidez o los brotes no se atajan, aquí se localizan y controlan con agilidad.
El Gobierno andaluz siempre ha defendido que no necesita realizar más PCR porque sus rastreadores trabajan y funcionan con mucha diligencia, eso explican cuando se les cuestiona por el bajo índice de pruebas realizadas. El presidente, Juanma Moreno Bonilla, escribía un mensaje en sus redes mostrando su disposición al diálogo y subrayando que Andalucía sigue entre las comunidades con menor incidencia del virus, con 58,73 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes.
Según los datos del ministerio, con fecha de 13 de agosto, Andalucía ha realizado 435.879 PCR. En concreto, del 7 al 13 de agosto, son 35.985. Eso representa una tasa PCR por 1.000 habitantes de 51,60, muy por debajo de la media de España, de 113,95, y de comunidades como País Vasco (206,78). El número de test rápidos realizados en Andalucía asciende a 383.863, 2.398 en la pasada semana de agosto, lo que representa una tasa de 45,45 por cada 1.000 habitantes, en la media del país.
Acuerdo para la cuarentena

Los colectivos sociales y las ONG que trabajan en la acogida de inmigrantes señalan que todas las comunidades, excepto Andalucía, sí están realizando PCR a todas las personas que entran en España de forma irregular. Sin embargo, en otras autonomías el pulso con el Gobierno se sitúa en la acogida de los positivos. Hay roces con la Comunidad Valenciana, y Murcia ha acudido a los tribunales por la orden del Gobierno de que sean las comunidades las que garanticen el cumplimiento de la cuarentena para aquellos inmigrantes que den positivo. En el caso de Andalucía, el Gobierno mostró también sus discrepancias, pero ha cedido instalaciones como los albergues de juventud, en concreto el de Víznar (Granada), para dar acogida a estos extranjeros. La Junta defiende que se ocupa de la atención sanitaria y hospitalaria y accede a ceder espacios para que los positivos asintomáticos cumplan con la cuarentena, pero no bajo su responsabilidad, advierten, ni vigilancia. Aquí, de momento, sí funciona la colaboración, admiten todas las partes.