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La bola de nieve judicial que persigue a Podemos


José Manuel Calvente era un abogado desconocido para la opinión pública cuando en diciembre del pasado año, tras ser despedido de Podemos, se plantó ante la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y relató toda una batería de supuestas irregularidades en las cuentas del partido. “Como era tan extenso, la Guardia Civil me dijo: ‘Por favor, si pudiera hacer usted un escrito, nos ahorramos tener que transcribir todo lo que está diciendo”. El letrado, de 55 años, que llevaba trabajando en Podemos desde 2014, elaboró entonces una amplia denuncia que ha explotado ocho meses después: al acabar, este pasado julio, en la mesa de un juez de instrucción de Madrid, Juan José Escalonilla, que ha imputado a la formación y a varios de sus miembros.
“Sobresueldos”, movimientos “opacos” de dinero, “contratos ficticios” o “fraude” en la reforma de la sede del partido son algunas de las acusaciones que engordan una bola de nieve que no ha parado de crecer y que, con la oposición lanzada a la ofensiva, amenaza a la fuerza política liderada por Pablo Iglesias. Este insiste en que quedará en nada: “Se usan términos como caja b o sobresueldos para asemejarnos a la corrupción del PP e instalar que ‘todos son iguales”, protesta el vicepresidente del Gobierno.
Antecedentes. Aunque la causa arranca con la presentación de la denuncia de Calvente ante el instituto armado, el prólogo a esta compleja historia hay que buscarlo en un primer cruce de acusaciones a raíz del despido del abogado, en diciembre de 2019. Mientras la formación justifica su salida por el presunto acoso sexual a una compañera del equipo jurídico —caso que un juez ha archivado hace apenas unas semanas ante la “falta de evidencias”—, Calvente asegura que responde a que él había comenzado a investigar junto a Mónica Carmona, otra letrada también expulsada, toda una serie de presuntas irregularidades en las finanzas que habían conocido a través de otros trabajadores y miembros de Podemos. “Evidentemente, nos cesaron por meternos donde no querían que nos metiéramos”, sostiene el abogado.
Denuncia y declaración. Con esa pugna de fondo, la génesis de la investigación judicial se gesta con la denuncia de Calvente como base. La Guardia Civil se la remite a un juzgado de Barcelona y este la reenvía a otro de Madrid, pues allí se habrían cometido los supuestos delitos. Tras caer el escrito en sus manos, el magistrado Escalonilla decide el 16 de julio abrir una causa y una de sus primeras iniciativas es citar a declarar al antiguo abogado de Podemos para saber si se ratifica en sus acusaciones. Este lo hace el 29 de julio por videoconferencia: cuenta entonces todas las “sospechas” y “cosas raras” que otros trabajadores del partido le habían transmitido, según la grabación del testimonio al que tuvo acceso EL PAÍS. “No deja de ser una serie de indicios”, le puntualiza al instructor en cierto momento. Palabras que demuestran, según Podemos, que todo el caso se sustenta simplemente en “rumores” y “especulaciones”, y que se ha abierto una “causa general” contra ellos.
Ejes de las pesquisas. Pese a la opinión de la formación, que carga contra el juez y recurre a la Audiencia Provincial para que archive las pesquisas, Escalonilla pone en marcha el 30 y 31 de julio una ingente batería de pruebas. Pide documentación y facturas al partido y a empresas relacionadas con él, informes al registro mercantil y a la policía, y llama a declarar a varias de las personas de las que habla el denunciante. Todas estas solicitudes tienen por objetivo comprobar los cuatro ejes sobre los que gira el relato de Calvente: supuestos delitos de malversación y administración desleal en contratos firmados para la campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019; en la obra de reforma de la nueva sede de la formación; en el pago de “sobresueldos” a través de complementos; y en la salida “opaca” de fondos de la denominada caja de solidaridad, a la que los altos cargos donan parte de su sueldo para destinar el dinero a proyectos sociales.
El primero de esos puntos calientes salpica a dos empresas consultoras: la mexicana Neurona Consulting, que ha trabajado para dirigentes de izquierda en América (como Evo Morales) y que habría constituido en España en marzo de 2019 la sociedad limitada Neurona Comunidad para este proyecto con Podemos; y la portuguesa ABD Europa LDA (según Calvente, participada al 100% por una mercantil brasileña). Según el denunciante, Podemos las fichó para trabajos de campaña que no se realizaron. Era “humo”, lo llega a calificar Calvente, que basa su acusación en que empleados del partido le contaron que, por ejemplo, ellos “estaban haciendo cosas para Podemos y las estaba facturando Neurona”. Una tesis que ha reforzado el denunciante con el último informe del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de los partidos para el 28-A, donde se rechaza subvencionar este contrato como gasto electoral al afirmar que Podemos no ha acreditado “suficientemente” que Neurona elaborara los vídeos de campaña y los carteles de publicidad que dice que le hizo.
Calvente narró al juez, además, que Pablo Manuel Fernández, exgerente de la formación, le trasladó “sospechas” de que esos “contratos simulados” tenían como objetivo realizar pagos en otros países o, incluso, pagar a personas que en su día dieron dinero a Podemos para su creación.
Pero la fuerza liderada por Iglesias lo niega. No solo recalca que esos trabajos se ejecutaron, sino que incide en que el propio Calvente reconoce ante el juez que supo que un grupo de trabajadores llegó a España desde Latinoamérica para sumarse a la campaña. Es, además, en esta parte del relato cuando aparecen señalados dos nombres propios de calado: Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos; y Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación, director de las campañas del partido en las dos últimas elecciones generales y actual miembro del gabinete del vicepresidente segundo del Gobierno.
Sobre el primero, Calvente asegura que Fernández Alarcón le dijo que se “rumoreaba” que Monedero hizo de intermediario con Neurona y ABD y que se llevó una comisión. El profesor universitario lo desmiente tajantemente: “Supongo, que si tuviera alguna prueba sobre ello, la habría presentado al juzgado”, indica en declaraciones a este periódico. Dice que él trabajó para Neurona hace ya años, pero que no tuvo relación con ella para el 28-A. “La atacan por ser una consultora de izquierdas”, apostilla.